Tras cerrar el 2025 con un déficit fiscal elevado de aproximadamente 12% del PIB y una inflación de 20,5%, el Gobierno proyecta bajar estos indicadores negativos en 2026, llevando el déficit al 7% del PIB y la inflación a un rango de 12% a 17%. La reducción del gasto público, ajustes salariales y nuevas medidas tributarias son las principales medidas para alcanzar estas metas.
Los datos fueron publicados en informe a dos meses de gestión del Gobierno denominado “De la crisis a la estabilidad económica”, presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
En el documento se evalúa la situación heredada a la administración del presidente Rodrigo Paz y traza los principales objetivos macroeconómicos para 2026, los mismos que se verán plasmados también en el Presupuesto General del Estado (PGE 2026) que se presentará en febrero.
• Ajuste fiscal
Uno de los pilares del plan económico es la reducción del déficit fiscal, sustentada principalmente en la eliminación de la subvención a los combustibles y una reorganización del gasto salarial en el sector público.
De acuerdo con el informe, el gasto en gasolina y diésel subsidiado llegó a representar entre el 4% y el 8% del PIB. Según los datos oficiales, la eliminación del subsidio permitió un ahorro fiscal aproximado de $us 240 millones en los primeros 22 días de aplicación.
La medida redujo la demanda de divisas para la importación de carburantes y limitó el contrabando, estimado en alrededor del 40% del volumen importado.
Para el economista Germán Molina, las metas son técnicamente posibles, pero están condicionada también a la gobernabilidad y gobernanza. En su opinión varias reformas necesarias pondrán a prueba la relación entre el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.
“Todo lo que se está estimando está sujeto a factores importantes denominados gobernabilidad y gobernanza. Si no se logra consolidar estos temas, muy difícilmente se va a lograr realizar estas estimaciones que está poniendo el ministro de Economía”, manifestó.
El Gobierno también plantea la reorganización del gasto salarial en el sector público con una reducción de entre 25% y 30% de las planillas del gobierno central mediante la eliminación de ítems “fantasmas e irregulares”.
El economista Rubén Arias considera que para avanzar en ese objetivo es imprescindible un ajuste profundo. “Significa reducir cinco puntos (del 12% al 7%), es decir $us 3.000 millones el déficit fiscal, y para lograrlo debería realizarse un ajuste en planillas del estado muy profundo, tanto en cantidad de personal, como en planillas, además de asumir medidas de contención del gasto muy ambiciosas qué hasta el momento no se visualizan”, señaló.
En el PGE 2026 heredado del Gobierno de Luis Arce se proyectó un gasto de Bs 53.702 millones sólo para sueldos y jornales.
• Inflación
En materia inflacionaria, el informe admite que el alza de precios registrada en 2025 estuvo estrechamente vinculada a la crisis cambiaria iniciada en 2023, cuando la escasez de dólares dio lugar a un mercado paralelo que llegó a cotizar la divisa estadounidense hasta en Bs 20.
Para 2026, el Gobierno proyecta una inflación de entre 12% y 17%. La contención inflacionaria estaría sustentada en la normalización del abastecimiento de combustibles y la reducción de la volatilidad cambiaria.
El informe destaca la estabilización del tipo de cambio como uno de los principales logros de los dos primeros meses gestión. Al 14 de enero de 2026, el dólar se cotizaba en 8,72 bolivianos para la compra y 8,90 para la venta, tras un periodo de fuerte volatilidad.
No obstante, los economistas advierten que existen ciertas variables internos y externos que condicionan el cumplimiento de esta meta.
“Al retrasarse el ajuste fiscal el gobierno se puede ver en la necesidad de financiar el gasto con emisión monetaria y otro elemento que puede jugar en contra es la escasez de alimentos por temas climáticos y por elevación de precios en los mercados internacionales”, apuntó Arias.
Molina subrayó además que Bolivia tiene una economía altamente expuesta al contexto externo. “Somos una economía tan pequeña y lo que producimos en Bolivia con bienes y servicios, es el total de bienes y servicios del mundo de 0,0042%, ni siquiera nos acercamos al 1%. Entonces no tenemos influencia en los mercados”, indicó.
El experto remarcó que por ejemplo en el caso de los hidrocarburos, Bolivia enfrenta un efecto de doble vía, por un lado, como país importador de diésel y gasolina y por otro como exportador de gas.
“Si el barril del petróleo baja y nosotros somos en el momento actual importadores netos de gasolina y diésel, como país importador, y al bajar el barril del petróleo nos beneficia y nos afecta como exportador de gas, porque también está vinculado el precio del gas al barril del petróleo y otros indicadores”, explicó.
• Impuestos
En el informe, el Gobierno también anunció la eliminación de multas e intereses tributarios y la reducción de las alícuotas del IVA y el IUE.
Arias considera que el impacto de la medida será moderado, debido a los altos niveles de informalidad en la economía. “Solo el 80% de la economía es formal en nuestro país, por lo que el impacto no será muy considerable”, señaló el economista. No obstante, sostuvo que la medida podría aliviar costos, incentivar el consumo y apoyar los procesos de formalización.
Para Germán Molina, estas medidas solo serían sostenibles si se implementan junto con una reducción real del gasto público. El experto apuntó que el Gobierno identificó hace más de un mes a empresas públicas deficitarias como uno de los principales problemas del gasto, pero hasta el momento no presenta un plan claro sobre cómo se abordará esta situación.
“Cerrarlas va a ser menos gasto que seguir pagando servicios básicos, papelería y los sueldos. Hay que decidir si se las vende, se las desmantela, se las traslada, etc. pero hay que hacerlo ya, porque pasan los días, estamos segunda quincena de enero y no hay nada sobre esas empresas que señalamos que son deficitarias”, remarcó.
