Plantean medir la calidad de inversiones para diversificar ventas
Un informe presentado en Quito, Ecuador, propone consolidar en Bolivia el Índice de Capital Constructivo (ICC), una herramienta destinada a evaluar no solo cuánto invierten las empresas, sino también cómo operan, qué nivel de transparencia mantienen y cuál es su impacto económico, social y ambiental.
La iniciativa busca diferenciar el capital constructivo —caracterizado por la inversión transparente, la integridad corporativa, la competencia leal y la generación de confianza— de los denominados capitales corrosivos, asociados con flujos opacos, baja rendición de cuentas, captura institucional y aprovechamiento de debilidades regulatorias.
El índice se estructura sobre tres pilares interdependientes: inversión, integridad e impacto. La metodología considera 13 variables críticas y utiliza una escala de 1 a 100 para medir aspectos como permanencia en el país, patrimonio invertido, códigos de ética, estándares anticorrupción, gobernanza corporativa, contribución económica, sostenibilidad ambiental y reputación empresarial.
La prueba piloto de 2024 evaluó a 21 empresas de inversión extranjera directa que operan en Bolivia. Entre sus principales hallazgos, el estudio identificó brechas en transparencia y disponibilidad de evidencia local, además de destacar a la gobernanza como un factor decisivo para determinar la calidad de una inversión.
El documento también reconoce las limitaciones de la primera medición, elaborada principalmente con memorias corporativas, reportes públicos y otras fuentes secundarias. Para 2026 se plantea incorporar entrevistas a ejecutivos, trabajo de campo, análisis cualitativo y la participación de empresas nacionales.
A este enfoque se suman los criterios expuestos por Víctor Rico Frontaura sobre el desarrollo de las exportaciones no tradicionales. Según su diagnóstico, Bolivia no carece de productos con potencial, sino de una estrategia capaz de transformar una oferta dispersa y subutilizada en exportaciones sostenidas, diversificadas y con mayor valor agregado.
Rico plantea que la inserción internacional del país debe organizarse bajo una lógica de portafolio, diferenciando productos consolidados, emergentes y de mayor sofisticación. En esa clasificación, la soya, la castaña, el girasol, la quinua y la madera forman la base histórica; la carne bovina, el sésamo, la chía, el cacao, el café y la urea integran el grupo de expansión; mientras que la joyería, el vino, el cuero y las manufacturas ligeras representan opciones de mayor valor agregado.
El planteamiento coincide con la lógica del capital constructivo: no basta con atraer inversión o aumentar las ventas externas, sino que es necesario verificar que esos flujos fortalezcan capacidades productivas, generen empleo, mejoren la competitividad y operen bajo reglas transparentes.
Entre las principales limitaciones para el desarrollo exportador, Rico identifica la concentración en pocos rubros y destinos, además de problemas regulatorios, logísticos e institucionales. Por ello, propone fortalecer la sanidad, la certificación de origen, la trazabilidad, la infraestructura logística y la continuidad de las políticas públicas.
También plantea consolidar el núcleo agroexportador de Santa Cruz, mejorar la coordinación entre el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, el Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones y la Aduana, además de desarrollar nodos logísticos en Montero, Pailón, Puerto Quijarro, Puerto Suárez y Oruro.
Otra de sus propuestas es crear una Agencia Boliviana de Promoción de Exportaciones e Inversiones, acompañada de una red comercial externa y una estrategia de diplomacia económica. La premisa es que hoy el acceso a mercados no depende únicamente de las preferencias arancelarias, sino también de la sanidad, la trazabilidad, las certificaciones, la documentación y la capacidad de cumplir plazos.
La siguiente etapa del ICC prevé una alianza con una universidad boliviana para aportar rigor académico, revisión por pares y trabajo territorial, especialmente desde Santa Cruz. La propuesta articula a la academia, la sociedad civil y el sector privado para generar información útil en la toma de decisiones.
El proyecto forma parte de una agenda impulsada por el Center for International Private Enterprise (CIPE), junto con la Fundación Milenio y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, orientada a fortalecer el Estado de derecho, mejorar las condiciones de competencia y promover inversiones que aporten al desarrollo.
