Gobierno plantea cerrar estatales tras millonarias pérdidas
El director ejecutivo de la Oficina para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho, informó que una evaluación sobre las empresas estatales identificó un impacto económico de 26.382 millones de bolivianos, recursos que no generaron beneficios para la población.
Cuestionó el funcionamiento de algunas compañías públicas y señaló que no se puede continuar respaldando empresas que generan pérdidas.
“Empresas que con esos recursos podríamos tener escuelas, podríamos tener carreteras, podríamos tener hospitales o el fondo de compensación”, afirmó.
El director de la OFEP también observó el caso de algunas plantas productivas que, pese a registrar avances importantes, no lograron cumplir con los objetivos previstos.
“Las plantas ya tienen un 90% de avance, pero se olvidaron sembrar macororó y palma africana, más allá de la controversia por el daño al suelo. Pero eso es lo que hicieron con nuestros recursos”, señaló.
El director ejecutivo de la OFEP remarcó que los recursos utilizados en las empresas públicas no corresponden a una administración de gobierno específica, sino al patrimonio de la población. “Estos no son recursos de este gobierno, ni fueron recursos ni de Arce ni de Evo, eran recursos de cada uno de nosotros, de los bolivianos”, manifestó.
Asimismo, explicó que el Consejo Superior para las Empresas Públicas (COSEP) trabaja en la definición de medidas junto a los ministerios responsables de cada empresa estatal, que deberán asumir acciones para mejorar su funcionamiento.
• Ministro Lupo plantea tres caminos para las empresas públicas
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó que el diagnóstico presentado por la OFEP permitirá tomar decisiones sobre el futuro de las empresas públicas y descartó que el objetivo sea generar un debate ideológico.
“El diagnóstico busca ofrecer al país información objetiva y clara para tomar decisiones, porque este tema no se puede arrastrar más tiempo”, indicó.
Lupo señaló que Bolivia requiere empresas públicas estratégicas que funcionen de manera eficiente, pero cuestionó la creación de compañías estatales dedicadas a actividades que pueden ser desarrolladas por el sector privado.
“No necesitamos empresas que hagan todo lo que el sector privado puede hacer. Ese fue un error histórico para el país”, afirmó. El ministro sostuvo que la principal pregunta ahora es si las empresas públicas generan valor para los bolivianos o si consumen recursos del Estado.
• Empresas estratégicas serán reordenadas y otras podrían cerrarse
Lupo explicó que la evaluación establece tres grupos de empresas públicas.
El tercer grupo corresponde a empresas que, de acuerdo con su situación financiera, ya no cumplen una función económica o social y deberán ser cerradas.
El segundo grupo está conformado por empresas que podrían ser recuperadas mediante mecanismos como las alianzas público-privadas u otras alternativas.
El primer grupo corresponde a las empresas estratégicas del Estado, que continuarán bajo administración pública, pero deberán ser reestructuradas, reorganizadas y transparentadas debido a problemas de eficiencia, pérdidas económicas y falta de control.
“No pueden seguir consumiendo recursos de los bolivianos. No es plata del gobierno, es plata de todos los bolivianos”, sostuvo Lupo.
• Nueva política se basará en resultados y transparencia
El ministro indicó que la nueva política para las empresas públicas tendrá como pilares los resultados, la transparencia y la sostenibilidad.
Además, detalló cinco líneas de acción: recuperar la disciplina financiera, mejorar la gobernanza corporativa, diferenciar empresas estratégicas de aquellas inviables, evaluar permanentemente sus resultados y recuperar la confianza ciudadana mediante mayor transparencia.
“Los bolivianos tienen todo el derecho de saber cómo se administran los recursos que les pertenecen”, afirmó.
• Ministerios deberán presentar planes de acción
Lupo informó que el COSEP determinó que cada ministerio con tuición sobre empresas públicas deberá presentar un plan de acción con medidas concretas, responsables y plazos definidos. “El verdadero debate no es si una empresa debe ser pública o privada. El verdadero debate es si se administra con responsabilidad el patrimonio de los bolivianos”, concluyó.
El Gobierno anunció que las decisiones sobre cada empresa dependerán de su situación financiera, su importancia estratégica y su capacidad de generar beneficios para la población.
