Descubren contrabando de gas en garrafas que iban a Argentina
Potosí, 10 de julio de 2026
El reciente decomiso de cilindros de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por parte del Comando Policial de Villazón en la frontera con la República Argentina no es un hecho aislado; expone una de las venas abiertas más críticas de la economía boliviana actual: el contrabando a la inversa impulsado por el subsidio estatal.
Mientras el Estado boliviano mantiene congelado el precio de la recarga de la garrafa de 10 kilogramos en Bs 22,50 —como parte de una política de hidrocarburos de larga data—, la realidad macroeconómica de los países vecinos convierte a este insumo básico en una valiosa «divisa» de cambio en el mercado negro.
• 1. El Incentivo Matemático del Delito
Informes técnicos previos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y fundaciones de análisis económico (como Fundación Jubileo) señalan que el incentivo principal de esta actividad es puramente monetario. En Bolivia, el costo real del energético está fuertemente amortiguado, pero al cruzar la frontera de manera ilegal hacia La Quiaca (Jujuy), el escenario cambia de manera radical:
- Precio Oficial en Bolivia: Bs 22,50 por recarga.
- Precio de Reventa en la Frontera Argentina: Entre Bs 150 y Bs 200.
- Modus Operandi de Multiplicación: Al implementar la modalidad de trasvasado (separar el gas de una garrafa en dos utilizando agua caliente), los contrabandistas locales consiguen generar un retorno bruto ilegal de hasta Bs 300 por cada cilindro original acopiado. Esto equivale a multiplicar casi 13 veces el valor regulado.
• 2. Del «Contrabando Hormiga» a las Estructuras Familiares
Lo que históricamente inició como un intercambio menor o de subsistencia en las regiones fronterizas, se ha consolidado en este ciclo de 2026 como una actividad que involucra a redes familiares completas. Los pobladores de la ciudad intermedia de Villazón denuncian que la alta rentabilidad ha provocado que muchos dejen los comercios lícitos para dedicarse al traslado de GLP por pasos clandestinos no habilitados, siendo el sector de El Churro uno de los puntos con mayor flujo.
Esta sobredemanda ilícita genera colaterales directos en el mercado local boliviano: los distribuidores autorizados en Villazón reportan que la demanda interna presiona los volúmenes asignados por YPFB, obligando de forma recurrente a las familias bolivianas a realizar largas filas para conseguir el carburante ordinario, debido al desvío sistemático hacia el mercado informal.
• 3. El Impacto Estructural en los Hidrocarburos
El contrabando de GLP golpea al país en un momento especialmente sensible para el sector energético. Analistas en hidrocarburos recuerdan que la producción general de gas natural en Bolivia ha registrado una caída sostenida del 52% en la última década debido a la falta de inversiones en exploración profunda y el declive natural de los megacampos tradicionales.
A pesar de esta reducción en los niveles de producción nacional, el Gobierno mantiene intocable el subsidio al GLP para evitar la inflación en la canasta familiar interna. Sin embargo, este esfuerzo fiscal termina financiando el consumo energético de poblaciones del norte argentino, donde las recargas alcanzan cotizaciones de mercado equivalentes a miles de pesos argentinos debido a las reformas tarifarias aplicadas en el vecino país.
La falta de efectivos permanentes tanto de la Policía Boliviana como de la Gendarmería Argentina en las riberas del río internacional consolida a estos pasos clandestinos como zonas de alta vulnerabilidad. Aunque las fuerzas del orden efectúan decomisos periódicos, expertos señalan que mientras persista la brecha de precios de casi 1.000% entre ambas naciones, los operativos de control solo contendrán superficialmente un problema que requiere una reconfiguración estructural de las políticas fronterizas y de hidrocarburos en Bolivia.
